El fiscal Patricio Múgica Díaz imputó a los directivos y la abogada de la empresa Atanor por los delitos de “atentado a la Salud Público y Daño Ambiental con residuos peligrosos”, en el marco de una causa donde se investiga las responsabilidades por la explosión ocurrida el pasado 20 de marzo cuando explotó un reactor de Aztrazina.

Fue la primera condena a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Federal en nuestra jurisdicción. Los imputados, oriundos de San Nicolás, habían enviado el cargamento mediante una empresa de transporte desde Salta a Buenos Aires. El hombre fue condenado a 4 años de prisión efectiva y la mujer a dos años de prisión condicional por el delito de "tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte en concurso real con el delito de tenencia con fines de comercialización". Intervino la Fiscalía Descentralizada a cargo del Fiscal Federal Matías Di Lello. Fuente: fiscales.gob.ar

El recurso de amparo busca suspender la “realización de hechos o actos de autoridades públicas que amenacen la institucionalidad de Correo Argentino, sus sedes, personal y prestación de sus servicios” y evitar el “proceso de desmantelamiento". Al día de la fecha, más de 4.000 personas se quedaron sin trabajo y más de 100 sucursales de la empresa fueron cerradas.

Para evitar el traslado de los testigos a Rosario y garantizar la presencia del público en la ciudad donde ocurrieron parte de los hechos de la causa, la Unidad Fiscal gestionó ante la UNNOBA el uso de un recinto de esa institución.